La ansiada reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), publicada en el BOE nada menos que en noviembre de 2014, venía a establecer unos nuevos criterios a la hora de que las entidades de gestión fijaran sus tarifas, tales como el grado de uso efectivo, intensidad y relevancia del uso, valor económico del servicio prestado, etc… pero a su vez la metodología para la determinación de esas nuevas tarifas acorde a los nuevos criterios habría de aprobarse mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Las futuras tarifas generales deberían ser simples y claras, habiéndose establecido su importe en condiciones razonables, atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario, y buscando el justo equilibrio entre ambas partes, teniéndose en cuenta siempre los criterios que hemos citado anteriormente.
Poca o nula concreción mostraba la reforma de la LPI, más bien se amparaba constantemente en ulteriores desarrollos de la norma vía reglamento u orden ministerial, y en lo que se denominan conceptos jurídicos indeterminados, tales como “justo equilibrio”, “condiciones razonables”, etc… por poner solamente dos ejemplos, pero una ley trufada constantemente de estos conceptos no hace sino más que aumentar la inseguridad jurídica, precisamente el efecto contrario que se esperaba provocase la reforma de la LPI.
El 4 de diciembre de 2015 se publica en el BOE la mencionada orden del Ministerio de Cultura por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, o traducido a un idioma más llano, los pasos que ha de seguir una entidad de gestión a la hora de recalcular sus tarifas acorde a la reforma de la LPI.
Pues bien, este texto que debería ser pura concreción es exactamente lo contrario y esta nueva orden ministerial solamente viene a aumentar más aún la incertidumbre e inseguridad jurídica a la hora de establecer una tarifa equitativa, justa y razonable por una entidad de gestión. Difícil se lo han puesto.
No obstante a todo lo anterior, desde el sector hostelero y las propias entidades de gestión hemos de defender lo conseguido hasta ahora, que no es otra cosa que unos convenios y tarifas alcanzadas con las entidades de gestión SGAE y AGEDI/AIE tras muchos años de posiciones encontradas. Todo este desgaste que hemos sufrido por ambas partes hasta llegar a la situación actual no puede caer en el olvido. La negociación de buena fe y el acuerdo entre las partes, acorde a la interpretación conjunta y unitaria que todos hagamos de la nueva LPI y su orden ministerial, deberá dar como resultado unas nuevas tarifas acordes a la legislación sobrevenida, ya que por mucho que el legislador se empeñe no habrá tarifas más justas, equitativas y razonables que aquellas que queden rubricadas por ambas partes.
Eriz Ruiz
