La justicia anula el monopolio de recogida de aceite usado de Sevilla

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la norma que obliga a los hosteleros a entregar los aceites usados en exclusiva y de forma gratuita a la empresa Biouniversal SL, adjudicataria del concurso que convocó la empresa municipal de la limpieza Lipasam para otorgarle el monopolio del servicio. Hasta la aplicación de la normativa, los locales HORECA podían vender libremente, como en el resto de España, los aceites usados a empresas del sector, acreditadas por la Asociación de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (Geregras).
La adjudicación del contrato por parte de la empresa y la administración municipal sevillana se produjo el pasado 16 de diciembre de 2013. La patronal de la hostelería se mostró recelosa a este nuevo sistema y Geregras llevó el asunto a los tribunales al considerar que la norma está en contra del principio de libre competencia del mercado. El TSJA le ha dado la razón.
En una sentencia fechada el 25 de junio de 2015, el Alto Tribunal Andaluz anula la cláusula del pliego de condiciones de aquel concurso que obliga a los locales de hostelería, restauración y catering a entregar sus aceites al servicio municipal. El auto subraya la “falta de motivación de la imposición: si bien Lipasam recoge la problemática de la generación de aceites vegetales usados, no hay referencias a una mayor eficiencia y eficacia aplicando dicha forma de gestión”. De este modo, según los juristas, “se impone a los productores de forma obligatoria el sistema de recogida selectiva municipal, pero sin motivación ni estudio alguno de razones de mayor eficiencia y eficacia de este sistema respecto al criterio general del artículo 17.3 de residuos y suelos contaminados que permite la gestión del productor de sus residuos o acogerse al sistema público de gestión”, según los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Andalucía.
En su momento, el PSOE en la oposición ya criticó esta medida. Hoy el alcalde es el socialista Juan Espadas, que mostró su rechazo a esta norma y acusó al popular Zoido, responsable de su implantación, de “desmantelar un circuito que estaba perfectamente gestionado a través de empresas autorizadas”.

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