La Federación Española de Hostelería (FEHR) está preparando los recursos para reclamar, junto al resto de principales asociaciones empresariales de varios sectores, los 4.000 millones de euros que, según sus cálculos, se han destinado en los últimos años a la formación de parados en lugar de a la formación de ocupados.
El sistema de formación a ocupados se financia con 0,6 puntos de cotizaciones que aportan las empresas y 0,1 que ponen los trabajadores en sus nóminas. En total, suma unos 1.800 millones de euros anuales. Sin embargo, en las épocas de mayor crisis económica, el Servicio Estatal de Empleo y las Comunidades Autónomas, han ido destinando parte de este dinero a la formación de personas que se quedaban sin empleo. De acuerdo con los cálculos de las patronales, la formación de ocupados ha llegado a ceder hasta 1.000 millones de euros anuales, trasvasados a los cursos para personal en situación de búsqueda activa de un puesto de trabajo. Los representantes empresariales comparten que se pueden brindar algunos fondos a los colectivos de desempleados por solidaridad, pero no que se convierta en una norma.
El Real Decreto-Ley de Formación aprobado por el Ministerio de Empleo aparta a los agentes sociales de la gestión y del control del sistema de formación para ocupados, con lo que dificulta la mejora de la cualificación de los trabajadores en las pequeñas empresas, que muchas veces pagan pero se quedan sin recibirla. Además, el nuevo esquema es muy burocrático y escolar, completamente desconectado de las realidades de las empresas, cuyas necesidades tienen que definirlas ellas mismas y no las autoridades políticas, en opinión de los responsables de las principales asociaciones sectoriales de ámbito nacional, entre las que se encuentran Hostelería, Hoteles, Comercio, Dependencia, Metal, Farmacéuticos, Panaderías, Floristas, Clínicas, Navieras, Cárnicas, Hierros o Papel. También se unen a las reivindicaciones varias otras asociaciones territoriales, como las de Baleares, Barcelona, Cáceres, Canarias, Castilla Y León, Ceuta, Galicia o Madrid.
En las alegaciones, citan hasta cincuenta dudas técnicas que en la actualidad están paralizando el funcionamiento de la formación para ocupados en toda España, como por ejemplo: si pueden contratar ellos mismos a los formadores, o cómo funcionará la cofinanciación, o qué ocurrirá si un curso no está incluido en el catálogo o cuando es uno de los trabajadores de una empresa el que forma al resto de compañeros, o cuando hay que formar a un profesional para una función que no es la que ocupa en la actualidad, etc. El Ministerio de Fátima Báñez estaría dispuesto a introducir algunas modificaciones técnicas, pero las patronales piden negociar cambios más profundos.
