La economía española está atravesando un periodo de crisis profunda en los últimos cinco años. Las perspectivas son que se mantendrá esta situación, y sólo dentro de un año podría iniciarse un lento proceso de recuperación.
El consumo se ha visto muy gravemente afectado tanto por el incremento del desempleo, como por la reducción real del poder adquisitivo de las familias que hoy se encuentran con unas rentas disponibles muy inferiores a las de hace cinco años.
Desde el inicio de la crisis, los sectores donde se desarrolla una verdadera competencia, como es el caso de la hostelería y el turismo, han ajustado sus costes y rebajado sus precios. Los restaurantes, con un IPC medio para el conjunto de la economía en los últimos meses, entre el 3 y 3’4%, vienen ajustando sus precios entre el 0’7 y 0’9%, asumiendo así 2/3 partes del incremento de precios. Por el contrario se produce la situación contraria en aquellos sectores regulados, como es el de la energía, que acumula incrementos de precios superiores al 30% en los últimos tres años.
A esta situación hay que añadir un sector público sobredimensionado y con competencias solapadas que produce un efecto doblemente perjudicial, por un lado establece marcos regulatorios farragosos, complejos de cumplir para ciudadanos y empresas, y por otro necesita de muchos recursos para sostener una maquinaria administrativa que no es ágil y que no ayuda a la reactivación económica. Hace un año comenzó un debate sobre la necesidad de reestructurar las administraciones políticas de nuestro país; el papel de las diputaciones provinciales; el tamaño y competencias de los municipios; las mancomunidades, cabildos, consejos comarcales e insulares, veguerías, patronatos, juntas municipales… con capacidades y competencias duplicadas, que hasta se “estorban”, ¿dónde ha quedado este proceso?, es el momento de retomarlo y con carácter urgente.
Para el sostenimiento de esta maquinaria administrativa que no es capaz de ajustarse a los tiempos que corren, como si lo han hecho las familias y las empresas, se necesitan cada vez más impuestos. Y estos sí que han crecido de manera importante y se actualizan y “modernizan” inventando nuevos hechos impositivos a toda velocidad.
En el nivel estatal, el IVA ha sufrido dos incrementos, con los que España ha pasado a ser con el 21%, uno de los países en la franja media-alta de tipos dentro de la Unión Europea. Este es un lastre añadido a la reducción del consumo que ha producido la pérdida de capacidad de compra por la reducción de renta de los ciudadanos que han sufrido un fuerte incremento del IRPF.
En las comunidades autónomas, los recargos de IRPF, o los incrementos de precios de carburantes se suman para hacer restar capacidad de recuperación a la economía y pérdida de competitividad a las empresas.
Los ayuntamientos han incrementado de manera significativa sus tasas municipales, habiendo reducido además la mayoría de los servicios.
La gran preocupación del sector viene dada por la nueva generación de impuestos que se anuncian. Nos preocupan sobremanera los incrementos planteados en los presupuestos de 2013. En dos sentidos:
1º. Incrementos desmesurados de impuestos, tasas y precios públicos: hay municipios que prevén incrementos del impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 40%, o que directamente triplican la tarifa de ocupación de terrazas y veladores.
2º. Creación de nuevos impuestos: existen planes autonómicos para introducir impuestos sobre envases de bebidas, pernoctaciones hoteleras, centros comerciales o coches de alquiler, igualmente iniciativa del gobierno para introducir tasas en el acceso a la justicia.
Este panorama viene a constatar la incapacidad de la administración pública y especialmente de sus instituciones políticas, de ajustar su dimensión y capacidad productiva, ante las exigencias de ser menos gravosa para los ciudadanos. Con ello estamos poniendo en peligro la capacidad de recuperación, ya que el consumo es el componente más importante de aportación al PIB de nuestra economía. Y lo que es peor estamos tirando por la borda toda la ganancia de competitividad que el ajuste está produciendo en nuestras empresas. No es justo que la administración política de nuestras instituciones, a golpe de boletín, y con los incrementos de los impuestos, pueda poner en peligro la competitividad y la supervivencia de miles y miles de pequeñas empresas y empresarios autónomos que ya no tienen por donde ajustar.
Hay que animar a las administraciones públicas a que también ellas entren en competencia, siendo más eficientes en el gasto y dando mejores servicios. Dando ejemplo de austeridad y buena administración, y compitiendo entre ellas para ver quién da mejores servicios, con menos impuestos. Que se comparen unas con otras y nos demuestren sus capacidades. Que demuestren ellas también que son “sostenibles”, de “calidad”, “responsables socialmente” y “respetuosas con el medio que las rodea” como ya exigen a ciudadanos y empresas.
Emilio Gallego
Secretario General FEHR
