Hostelería e Inmigración

Mikel Ubarrechena Presidente Asociación Hostelería Guipúzcoa

La Hostelería se ha convertido en un sector donde el colectivo de inmigrantes llegado a Gipuzkoa ha encontrado un acomodo natural. Centenares de personas procedentes de otros países están contratadas en bares, restaurantes o cafeterías, trabajando y creando valor en puestos que muchos guipuzcoanos no quieren ocupar. A día de hoy, cerca del 16% de los trabajadores de nuestra hostelería son inmigrantes; un porcentaje que multiplica por 2,5 el peso de este colectivo en el conjunto de la población de nuestro territorio. Al mismo tiempo, se trata de empleos absolutamente imprescindibles para que nuestros establecimiento sigan dando servicio a sus clientes, por lo que los empresarios de hostelería cada vez necesitan de los inmigrantes en mayor medida. Pero, por increíble que parezca, el marco legal actual dificulta que muchos de los trabajadores extranjeros que desean un empleo puedan entenderse con quienes quieren contratarles. Y los empresarios de hostelería estamos preocupados ante esta situación.

Nuestra sociedad se ha esforzado en mejorar paulatinamente las condiciones de vida de los inmigrantes a través de una red de acogida, y unas prestaciones, que todos valoramos positivamente. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero la dirección correcta es integrar, entre nosotros, a quienes vienen de otros países en busca de un futuro mejor y desean aportar su honrado esfuerzo. Pese a estas buena intenciones, muchos se encuentran hoy en día con enormes restricciones que atentan contra el sentido común.

En estos momentos, todos los inmigrantes que llegan a Gipuzkoa, incluso aunque se encuentren en situación irregular, tienen derecho a recibir asistencia médica gratuita. También pueden inscribirse en el Padrón Municipal de la localidad en la que residan, independientemente de su edad y de que su situación administrativa sea regular o irregular. Cuentan, así mismo, con asistencia jurídica gratuita, lo que consideramos un paso muy importante. Pero no existe actualmente ninguna fórmula para que un inmigrante que se encuentre en nuestro país, incluso aunque tenga experiencia en hostelería y quiera trabajar, pueda hacerlo, si se encuentra en situación irregular.

Los inmigrantes en Euskadi, aunque pertenezcan al colectivo denominado “ilegal”, cuentan, de igual modo, con la protección de la Policía Municipal y la Ertzaintza en caso de maltrato. Todos los extranjeros menores de 18 años tienen garantizada la educación, aunque estén indocumentados, sólo con estar empadronados. Muchos de ellos reciben prestaciones y servicios sociales, incluidas la renta básica o el ingreso mínimo de inserción. En determinadas circunstancias, disponen de pisos de acogida, y pueden contar con ayudas públicas para acceder a una vivienda. Reciben incluso formación laboral. Ante todos estos avances sociales por la integración, a nadie se le ocurriría demandar o multar a los servicios sociales municipales, a Cáritas, a Osakidetza, o a la propia Judicatura, por ofrecer estos servicios de forma gratuita a, quien viniendo de fuera, reside entre nosotros de forma “ilegal” es decir, “sin papeles”. Son derechos humanos básicos que, entre todos, debemos preservar y hacer extensibles a todos los ciudadanos.

Pues bien, la declaración Universal de los Derechos Humanos empieza su artículo 23.1 diciendo que “toda persona tiene derecho al trabajo”. Parece que, a este derecho, si se le ponen pegas a la hora de hacerlo accesible de manera universal. En efecto, para poder optar a un empleo legal en nuestro país, a un inmigrante se le exige que cuente con la Autorización de Residencia y Trabajo, vinculada a la concesión del correspondiente visado por las autoridades españolas en su país de origen. Ni qué decir tiene que esta exigencia es de imposible cumplimiento para muchos extranjeros que se encuentran de forma irregular en nuestro país y que necesitan, y tienen derecho, a un empleo para subsistir.

De hecho, los empresarios de hostelería coincidimos con las asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes, en la demanda de que aquellas personas extranjeras que tengan empleo sean autorizadas por la Administración a trabajar inmediatamente. La legislación actual obstaculiza lo que debiera ser una relación natural entre empresario y trabajador, con notables perjuicios para ambos, pero especialmente para los inmigrantes, que en muchas ocasiones deben cumplir 3 años de estancia en nuestro país para lograr una autorización laboral, aunque tuvieran una oferta de empleo desde el primer día. Es decir, que para poder alcanzar, por sus propios medios, los recursos necesarios para no depender de las ayudas sociales, se les exige todo aquello que no se les pide como perceptores de dichas ayudas. Esto no hace sino potenciar la economía sumergida, cuando el objetivo marcado desde los poderes públicos es precisamente, combatirla. No es lógico.

Actualmente hay en Euskadi cerca de 140.000 personas extranjeras, de los que más de 15.000 están “sin papeles”, 5.000 de ellos en Gipuzkoa. Pese a que en muchos casos sería muy sencillo localizarlos, las autoridades, con buen criterio, les permiten residir entre nosotros. Pero no se les permite trabajar. Y al mismo tiempo, los empresarios hosteleros estamos en disposición de dar muchos empleos a este colectivo de inmigrantes en situación irregular, porque, de hecho, son ellos quienes los demandan.

Una situación ilógica que debemos solucionar. Por ello, demandamos a las autoridades que arbitren una fórmula para conciliar las necesidades de contratadores e inmigrantes. La vía de la sanción y de la penalización no nos parece la adecuada, porque criminaliza a empresas que buscan completar sus plantillas. No es lógico impedir un acuerdo laboral tan básico como trabajo a cambio de sueldo, si ambas partes están interesadas. Consideramos que lo sensato sería regularizar automáticamente la situación de los inmigrantes que puedan demostrar que cuentan con un puesto de trabajo. Deseamos sinceramente que se arbitren medidas para alcanzar un marco legal y laboral que satisfaga a todas las partes afectadas.
Mikel Ubarrechena
Presidente Asociación Hostelería Guipúzcoa