El Congreso de los diputados se ha puesto manos a la obra para modificar la legislación en materia de propiedad intelectual. Internet, los cambios tecnológicos, situaciones de ilegalidad o piratería parecen ser la motivación de esta actuación, pero ya que estamos, debería ser el momento de corregir las lagunas legales y las inseguridades jurídicas que tanta dificultad, sufrimiento y dinero han costado a los hosteleros de nuestro país. Por destacar algunos de los puntos que es imprescindible clarificar en una futura reforma empezaríamos por la necesidad de definir el concepto de “retransmisión” diferenciado de la mera recepción que realizamos de emisoras de radio o cadenas de televisión en bares, restaurantes, cafeterías, o en especial los hoteles, ya que disponer de un cableado que conecta con varios “receptores” instalados en diferentes rincones del bar o las habitaciones del hotel, sin modificar la señal emitida por las empresas de radio o televisión, no es retransmisión sino simple recepción. Otro aspecto fundamental es la necesidad de eliminar el derecho de autorización al productor audiovisual en las utilizaciones secundarias que se pueden realizar en hostelería, tiene sentido en una utilización primaria a cines o cadenas de televisión pero en el caso de hoteles o bares es simple derecho de censura, ya les basta con el derecho a ser remunerados por la utilización. Otro tema candente e ineludible en la reforma es la mera definición de comunicación pública (Art.20.1 LPI), e incorporar la obligación de que siempre las tarifas se apliquen sobre utilizaciones efectivas de repertorio y sobre usos reales y no meras presunciones de aforo. La adaptación de la legislación en el sentido de la jerarquía de derechos establecida por la última instancia a nivel europeo en la que los productores disponen de un derecho accesorio, “vecino”, del de los autores y por tanto necesariamente de menor precio que del que derivan. Pero la principal asignatura pendiente de nuestro sistema de protección de la propiedad intelectual, y que en esta ocasión debería corregirse, es la necesidad de marcar las reglas de juego para que pueda desenvolverse un auténtico libre mercado para la contratación de derechos. Por ello abogamos por el establecimiento de una ventanilla única que definimos como un punto de contacto para que las entidades de gestión y los usuarios podamos negociar condiciones y fijemos precios de manera equitativa, racional y justa, que limite el importe máximo a cobrar por las entidades de gestión, sigan estas siendo las ocho actuales o proliferen nuevas entidades peticionarias, españolas o extranjeras (en este punto no quiero dar más ideas, me limito a constatar la realidad), y que tenga capacidad de decisión sobre la aplicación de las cantidades pendientes de reparto de que disponen las entidades de gestión, para que estos importes se apliquen en I+D+i que beneficie al los autores pero que también retroalimente a los sectores que al final son los clientes y generadores de recursos para el sistema. El papel del Ministerio de Cultura, la reforma de la comisión de propiedad intelectual, la autorización de entidades, la comunicación de tarifas, el formato de defensa de derechos colectivos, la publicidad de los repertorios, las presunciones a favor de las entidades de gestión… inician un largo etcétera de asuntos a debatir y de obligatoria reforma y clarificación si queremos disponer de un sistema justo y equitativo que proteja la creación sin que se destruyan o lastren sectores económicos tan importantes como en nuestro caso la industria hostelera, tan necesitada de disponer de un mercado de propiedad intelectual claro, justo y sencillo, que le permita desarrollarse y evolucionar sin pérdida de competitividad. En ello estaremos las asociaciones de hostelería, tarea que llevamos desempeñando más de treinta años en beneficio del sector.
Emilio Gallego Zuazo
Secretario General FEHR
