En Cataluña, nuestra comunidad, famosa por su tradición empresarial, especialmente en pequeña empresa familiar, hace años que venimos denunciando el agravio que sufren las pequeñas empresas con respeto a las de mayor dimensión y la pesada carga que para éstas supone soportar los costes derivados del cumplimiento de las distintas y variopintas obligaciones administrativas, que proliferan como setas.
Tras muchos años poniendo de manifiesto esta lamentable situación, en los cuales se ha regulado el sector a golpe de normativa, hemos recopilado datos, hemos implicado a una patronal como Pimec, hemos buscado una fuente de financiación en nuestra Consejería de Turismo y hemos contado con la colaboración y prestigio de la Universidad Rovira i Virgili para redactar un estudio sólido y veraz, que ha puesto en blanco sobre negro con toda la crudeza y rigor de los datos recogidos, que los costes administrativos afectan mucho más a las pequeñas empresas que a las grandes. Tanto como pasar del 13 % al 0,3 % de la facturación para cubrir estos costes en un hotel de 30 ó de 500 habitaciones, por poner un ejemplo.
A pesar de tan palmaria evidencia, el Gobierno Catalán insiste en continuar sangrando a la esencia de su economía, la micropyme, y amenaza con nuevas leyes que ignoran totalmente el resultado de este estudio (“Repercusión económica de la normativa sobre la competitividad del sector hostelero”)
Es un problema global, ya que cuando se aplica una nueva normativa a la hora de cumplirla, tanto económica como logísticamente, porcentualmente afecta mucho más a las empresas de pequeña dimensión que a las de mayor. En la pequeña empresa siempre es el mismo el que tiene que leer la normativa e intentar aplicarla y en nuestro sector, la hostelería, hay muchísima micropime.
¿Qué podemos hacer para que esto no suceda y seguir garantizando un optimo servicio en nuestras pequeñas empresas, sin que se vean condenadas a cumplir un entramado legal difícil de coordinar y costoso de sufragar?. En primera instancia, se me ocurre marcar distintos costes económicos y distintas obligaciones en función de la dimensión de la empresa, al menos, éste debería ser un criterio a tener en cuenta en el momento de redactar una nueva norma.
Ramón Solsona
Secretario General Hostelería de Lleida
