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El Congreso de los Diputados ha rechazado una propuesta no de ley presentada por el Partido Popular con el objeto de paralizar las actuaciones del Gobierno tendente al desalojo de los chiringuitos de playa por razones medioambientales, culturales y económicas. El PP asimismo proponía la puesta en marcha por parte del Gobierno en colaboración con los ayuntamientos afectados, planes de homogeinización de todos los chiringuitos existentes en cada término municipal en un plazo previsto en propia concesión, para favorecer su adaptación a los requerimientos medioambientales de todo el litoral español y ofrecer un servicio público de máxima calidad. La propuesta del PP, que sólo ha sido apoyada por Coalición Canaria del Grupo Mixto, afecta a miles de puestos de trabajo, sobre todo en la costa de Andalucía, donde sólo en la provincia de Málaga engloba 300 establecimientos, que dan empleo estable a unas 7.500 personas y de forma temporal a otras 7.000.
El portavoz del PP en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, Carlos Floriano, solicita una interpretación de la Ley como se ha venido haciendo en las anteriores legislaturas. Por su parte la portavoz del PSOE en la Comisión de Medio Ambiente, Mamen Sánchez, señaló que los chiringuitos ubicados en medio de la arena deben reubicarse sin que suponga salir de la arena, sino que pueden ir al paseo marítimo o al terreno colindante.
El PP, no ha aceptado ninguna de las enmiendas propuestas por el PSOE sobre la conveniencia de otorgar concesiones temporales o la evaluación de la importancia cultural y económica de los mismos. Asimismo ha propuesto promover una comisión de seguimiento entre la Administración central, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos y el sector que sirva para velar por el cumplimiento de la Ley de Costas.
La polémica actual tiene su origen en la vigente Ley de Costas, de 1988, que dispone “únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo- terrestre para aquellas actividades o instalaciones que,, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”. El problema está en la interpretación del reglamento y la normativa, que para el PP no es clara y puede establecerse un punto medio entre la destrucción del patrimonio cultural y la privación absoluta .