La Audiencia Nacional obliga al Estado a negociar la formación con los agentes sociales

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La Audiencia Nacional ha hecho pública esta semana la sentencia que elaboró el 21 de julio anulando la convocatoria de subvenciones de 2014 en materia de formación para el empleo.

El fallo da la razón en su apelación a la Federación Española de Hostelería (FEHR), la Confederación Española de Organizaciones del Metal (Confemetal) y la Federación de Asistencia a la Dependencia (FED), ya que no se cumplió el trámite de audiencia a los interlocutores sociales y no se elaboró el informe preceptivo.

La sentencia indica que en el Acta de la Comisión Estatal “consta que los representantes de las organizaciones empresariales denunciaron la falta del informe” y advierte que esto significa una vulneración de la Constitución en cuanto a los preceptos de diálogo social y negociación colectiva. Ante esta sentencia no cabe recurso ordinario.

De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo da la razón al recurso que impuso FEHR junto con Confemetal y FED, contra la Resolución del 19 de agosto de 2014 del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), aprobando la convocatoria de planes de formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas. Los demandantes argumentaban que se había producido una desviación de poder, porque no se había respetado el carácter finalista de las cuotas que empresas y trabajadores pagan para formación de los profesionales.

Al tratarse de un “vicio formal” en el procedimiento, la Abogacía del Estado ha elaborado un informe señalando que el Gobierno puede subsanar la falta del informe sin que haya consecuencias para los cursos que se realizaron y los 138,9 millones de euros abonados para este concepto.

FEHR, Confemetal y FED esperan que la Administración cumpla en su totalidad la sentencia, incorporando a los agentes sociales al sistema de formación en las mismas condiciones en las que estaban antes de excluirlos.

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